NO SE PUEDE GASTAR MÁS DE LO QUE SE INGRESA, Y NO SE PUEDE SEGUIR SUBIENDO LA PRESION FISCAL A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS, PORQUE SIN ELLAS NO HAY GENERACION DE RIQUEZA NI CREACION DE EMPLEO
El recurso a la deuda debe de ser excepcional y se está haciendo cotidiano tanto en las Comunidades autónomas como consecuencia principal de una financiación inadecuada, además de un exceso de burocracia y gastos no prioritarios, y a nivel nacional en el que el crecimiento del gasto por encima de los ingresos (que están creciendo por una creciente presión fiscal, sobre personas y empresas), está generando problemas crecientes por el coste de los intereses que hay que hacer efectivos, sino que además se está penalizando gravemente a las siguientes generaciones, y condicionado su capacidad de actuar así como la obligación de pagar las deudas que nosotros hemos generado.
Ahora nos encontramos que en vez de afrontar la reforma de la financiación autonómica para adecuarla a la realidad, el Estado asume 82.000 millones de deuda autonómica (como consecuencia de los acuerdos con los partidos independentistas catalanes de la condonación de 17.000 millones de euros), generando una nueva disfuncionalidad al pasar al Estado la deuda de una parte para que la paguen todos, en vez de afrontar la realidad de la financiación y corregir las deficiencias, seguimos caminando por sendas cuando debemos de ir por la carretera principal.
Es evidente que este no es el camino, lo primero es resolver el muy grave problema de la financiación autonómica, para que puedan responder a sus obligaciones para con los ciudadanos, desde la Educación y los servicios públicos y sociales hasta las infraestructuras y los equipamientos para el desarrollo de la actividad productiva, y una vez afrontado y resuelto, analizar los déficit que se han producido entre lo recibido y lo que tendrían que haber recibido según la nueva financiación y que ese diferencial que no es responsabilidad de la gestión de las Comunidades ser asumido por el Estado, y que el gasto excesivo sea asumido por la Comunidad mediante un plan de ahorro singularmente en el gasto corriente, pues no es posible seguir penalizando a las generaciones futuras,