Según ha hecho público Eurostat, la Agencia estadística de la Unión Europea, en el informe sobre las CONDICONES DE VIDA EN LA UNIÓN en el año 2023, un total de 94,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) lo que supone el 21,40% de la población, lo que evidencia su gravedad y la urgencia de implementar medidas para cambiar esta situación.
El informe de Eurostat sobre la situación en cada uno de los países de la Unión Europea en el año 2023, con mayor tasa AROPE se sitúa Rumania con una tasa del 32,00%, seguido de Bulgaria con el 30,00%, en tercer lugar se encuentra España con una tasa del 26,50%, superior en medio punto a la que contaba en el año 2022 y pasado del tercer a cuarto puesto y supera a Grecia.
El total de población en España en situación de pobreza y/o exclusión en el año 20223 se sitúa entorno a los 12,7 millones de personas, según el XIV Informe sobre el estado de la pobreza en España presentado el pasado 4 de junio por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES)
Respecto a la diferencia por colectivos, el riesgo de pobreza y/o exclusión social fue mayor en toda la UE para las mujeres que para los hombres, 22,30% y el 20,30%) respectivamente. En el caso de los hogares monoparentales, el 22,40% de la población que vivía en hogares con menores dependientes estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. En España lo dobla ampliamente y la tasa se sitúa en el 52,70%, según recoge el Informe de EAPN-ES.
El riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea se situaba en el 11,30% en cuanto a las personas ocupadas y del 18,70% para los jubilados, y del 66,30% para las personas que se encuentran en situación de desempleo.
Es absolutamente prioritario que la Unión Europea asuma como propio y principal compromiso, el impulsar políticas activas que contribuyan a la creación de empleo, así como a la formación profesional de todas las personas en desempleo como base fundamental para el crecimiento económico y social, así como paralelamente implementar las actuaciones necesarias en coordinación con los Estados miembros para contribuir a reducir estos porcentajes de manera drástica, con políticas de vivienda realistas y políticas sociales que contribuyan a la mejora de los ciudadanos de la Unión y principalmente de aquellos países con mayor riesgo de pobreza o exclusión social.