El recurso a la deuda pública debe responder a situaciones excepcionales a las que hay que hacer frente necesariamente, pero el uso continuado del endeudamiento para el funcionamiento ordinario de las Administraciones Publicas, conlleva un doble problema, el que hay que pagar a los prestatarios, y al coste de los intereses que cada año tienen que incluir los Presupuestos Generales del Estado, lo que inevitablemente resto capacidad para poder realizar infraestructuras o la prestación de servicios.
La Deuda total de España como recoge el grafico, a finales de 2024 era de 1,64 billones de euros, lo que supone que debemos más de lo que España produce en un año, representando el 101,80% del PIB nacional. Mientras que los intereses superan los 31.000 millones de euros anuales.
La Deuda pública al pasado 30 de junio de este año se situaba en 1,69 billones de euros en junio de 2025, lo que representa el 103,4% del PIB, y los intereses se estiman este año en torno a 40.000 millones de euros.
Los datos que se anticipan confirman que la Deuda seguirá creciendo, una Deuda que no solo hipoteca el futuro, conllevando grave penalización para las siguientes generaciones, sino que condicionará su capacidad de actuar con la obligación de pagar las deudas que nosotros hemos generado.
Es necesario y extremadamente urgente, frenar el endeudamiento, reduciendo drásticamente el gasto público no inversor y salvo situaciones excepcionales ajustar los gastos a los ingresos en todas las Administraciones incluyendo la amortización de la Deuda generada, y ello obliga a todos Gobierno nacional, Comunidades autónomas y Ayuntamientos, y reafirma la necesidad de un Pacto nacional, para llevar a cabo todas las reformas pendientes, desde la financiación al Plan Hidrológico nacional.
